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Redacción: Luis Daniel Londoño Silva. prensa@emisoramariana.org

En carta abierta, enviada y firmada por monseñor Juan Vicente Córdoba, Presidente del Departamento de Vida de la Conferencia Episcopal de Colombia, al Señor Ministro de Salud y Protección Social Juan Pablo Uribe Restrepo, pone de manifiesto la inconveniencia y no pertinencia, para que esta cartera se tome la atribución de reglamentar el aborto en Colombia.

Los argumentos

El ministerio afirma que su intervención en este tema, corresponde al cumplimiento de la sentencia SU 096 de 2018 de la Corte Constitucional, que le reitera la orden de reglamentar el aborto.

No obstante, la Conferencia Episcopal de Colombia, expresa con toda claridad que “El Ministerio olvida que en la misma sentencia se ordenó al congreso legislar el asunto y que dicho cuerpo se ha abstenido valientemente de hacerlo.

También olvida que no cuenta con facultades para reglamentar una sentencia de la corte sin que exista una ley que deba ser reglamentada. Y finalmente el ministro parece obviar que en Colombia el aborto es un delito que no tiene cárcel en 3 casos excepcionales.

Por lo tanto, es imposible legal y lógicamente pretender que una resolución del Ministerio de Salud le dé el carácter de derecho fundamental a un delito penal. Aún si la Corte Constitucional así lo afirma de manera irregular”.

Otras atribuciones

En la carta también se expresa que el Ministerio se ha tomado atribuciones que no le corresponden, tales como: “Restringir el derecho a la objeción de conciencia de profesionales e instituciones cuyos objetivos y principios prefieren la conservación de las dos vidas antes que la muerte del indefenso. También es fuente de preocupación que se pretenda impedir la oración de personas que se reúnen frente a las clínicas abortistas para pedirle a Dios por el fin del aborto en Colombia y el mundo”.

Un llamado urgente

Finalmente, Monseñor Juan Vicente Córdoba, a nombre de Conferencia Episcopal de Colombia, hace un llamado apremiante: “… a todo el pueblo de Dios para que manifieste públicamente su rechazo a esta reglamentación y utilice todos los medios a su alcance para expresar su opinión ante el Gobierno y la sociedad en general”.